¿Dónde están las organizaciones que luchan contra los derechos de los niños y niñas? Esas mismas que reciben millones de guaraníes del estado para financiar proyectos que precisamente apoyen y reflejen actos que vayan en contra de los infantes.
Si aun no se han pronunciado, no tienen razón alguna de seguir hablando acerca de defender a los niños y niñas. Y mucho menos recibir un céntimo más del dinero público.
Lo más probable es que todas esas oenegés tienen temor a no recibir donaciones para sus cenas benéficas de las empresas amigas que apoyan al caso Migone. Y claro, otras muchas, son oenegés ligadas a la casta política y, por ende, del mismo círculo de empresas.
¿Dónde están las instituciones del estado? Aquellas que fueron creadas para luchar a favor de los derechos de los infantes y la familia. ¿Dónde está el Defensor del Pueblo, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Secretaria de Defensa del Consumidor, Consejo Nacional de Salud y demás entes públicos que deben velar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas?
Es una total falta de humanidad que, cada una de esas autoridades que gozan de escandalosos salarios no se hayan pronunciado para exigir una auditoría externa por evaluadores extranjeros.
Todos los organismos del estado afines a la salud, no solamente el MSPBS, deberían contar con indicadores estandarizados y ajustados para comparar la eficiencia y el margen de error de los hospitales y/o sanatorios públicos y privados. Ejemplo: La frecuencia de eventos adversos causados por errores involuntarios en la medicación o en la identificación de los pacientes.
Desafortunadamente los pacientes de hospitales públicos y privados están desprotegidos, no existen datos oficiales donde se refleje la eficiencia entre el sector público y privado. Y mucho menos, cifras que puedan dar una aproximación acerca de la realidad nacional de las especialidades médicas con mayor número de quejas.
Ante este vacío de supervisión, el sector privado tiene todo en su poder para ocultar y minimizar hechos tan deleznables como la inacción ante la muerte de un bebé llamado Renato. Quizá, y es lo más probable, si el bebé apellidaba Mazzoleni, Abdo o Lugo, más de un profesional de blanco estaría detenido y el sanatorio intervenido y clausurado.
Y aquí viene la pregunta más inquietante, pero a la vez la que de alguna manera pone en evidencia el favoritismo de la justicia a los amigos:
¿Por qué el MSPBS no interviene un sanatorio privado? Siendo que, el MEC/CONES intervienen universidades privadas.
Ahora bien, quizá los primeros detractores comenten que es una empresa privada y por lo tanto, no está en la jurisdicción del ministerio. Pues, bien, si no está en su jurisdicción sí lo está por el hecho de ser el máximo rector de la salud del estado paraguayo. Y por lo tanto, el responsable de dictar los estándares que necesita la salud de un país.
El ministerio de salud debiera ser el primer contralor del estado en temas de salud. El primero en publicar año tras año un documento oficial que titule: Quejas por negligencia médica.
Puede pasar el tiempo, pueden comprar a conductores de prensa o minimizar la muerte, pero las personas que somos padres y que daríamos la vida por nuestros hijos, no olvidamos fácilmente el dolor que se puede sentir sabiendo que ya no podrás ver a tu pequeño niño despertar por las mañanas.
Vivimos en un país donde todo tiene un precio. ¡Triste horizonte!